Resumen: Se solicita devolución de ingresos por haber autoliquidado por TPO cuando habría correspondido la modalidad de AJD, pues la adjudicación de viviendas por una cooperativa a sus socios no supone transmisión sino una mera atribución o concreción respecto de bienes inmuebles. La jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido, siendo relevante que lo haya hecho en relación a un tributo distinto, lo que no afecta a la valoración que dicha jurisprudencia efectúa sobre la naturaleza y alcance de la operación.
Resumen: La adjudicación de una vivienda por una cooperativa a uno de sus socios no supone una transmisión sujeta al impuesto, pues falta el enriquecimiento del transmitente, cuya personalidad jurídica actúa de mero instrumento coordinador.
Resumen: La pretensión de la parte recurrente se basa en el supuesto trato diferenciado y discriminatorio en relación con el régimen tributario aplicable al pago de dividendos en función de que quienes los reciben sean instituciones de inversión colectiva residentes o no residentes en España, que resultaría contrario a la libertad de circulación de capitales, prevista en el artículo 63 del TFUE. Resulta probado que el fondo recurrente es una sociedad de inversión del tipo open-end management company, a las que se refiere el Tribunal Supremo por lo que se dan las restantes condiciones de comparabilidad, por estricta aplicación de la norma jurídica del derecho de la Unión, vulnerada por la Administración demandada; por esta reconocido con el escrito de allanamiento. Se desestima la alegación sobre la hipotética neutralización como enervadora del concepto de vulneración de la libre circulación de capitales,
Resumen: La base imponible del impuesto está constituida por el importe del préstamo pendiente de amortización más intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento y otros conceptos análogos que se hubieran pactado como garantía. En la cesión de participación y subrogación de hipoteca debe tenerse en cuenta la garantía hipotecaria efectiva, es decir, no sólo el principal sino la garantía efectiva pendiente.
Resumen: En el presente caso consta el certificado de reconocimiento de grado de discapacidad de la heredera con fecha de efecto esta posterior al día del fallecimiento del causante y el consiguiente devengo del impuesto.Señala la Sala que la normativa reconoce reducción a las personas discapacitadas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Parte la Sala de que, desde la perspectiva tributaria, el reconocimiento administrativo de la minusvalía no es constitutiva, sino simplemente declarativa. Añade que sólo se precisa que el grado de minusvalía esté "de acuerdo" con el baremo del TRLGS, nada más, ni se exige que se haya declarado por el organismo competente al efecto, ni se limitan los medios de prueba para acreditar la condición legal de minusválido. Y dicha declaración de que no hay limitación de medios de prueba para la acreditación de la condición de minusválido, no hay obstáculo alguno para aplicarla, no solo para un grado de minusvalía superior al 33% sino también para un grado de minusvalía superior al 65%, como es el caso.
Resumen: La recurrente agotó el plazo máximo de incapacidad temporal y fue declarada jubilada por incapacidad permanente total, resolución ha sido impugnada tramitándose procedimiento en otra Sección de esta Sala, pero independientemente de ello, al ser jubilada se le reconoce el derecho a percibir pensión desde el 15 de julio de 2021, con efectos retroactivos, por lo que desde esta fecha y hasta noviembre de 2021 ya no procedería el abono del subsidio. Se solapa esta prestación con la reconocida por incapacidad permanente con efectos anteriores. Aduce la recurrente que la MUFACE no tiene derecho a exigir el reintegro sin perjuicio de la acción que corresponda al INSS frente a la trabajadora, pero este argumento no puede acogerse puesto que si ha pasado a situación de jubilación con efectos de 15 de julio de 2021, ya no procede desde ese momento el abono del subsidio. Y sí el pago de la pensión por incapacidad, por tanto, MUFACE ya no estaría obligada al pago del subsidio desde ese momento. No se trata de analizar si se ha percibido indebidamente en su momento, pues lo cierto es que vino percibiendo la cantidad mientras se suponía que permanecía en situación de incapacidad transitoria. Ahora bien, se declara su incapacidad permanente se reconoce pensión con efecto retroactivo, y por tanto, al reconocerse la pensión desde el 16 de julio no cabe el subsidio complementario a su salario desde ese momento
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consiste en determinar, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido si, a efectos de que sea procedente la estimación de una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la aplicación el tipo reducido previsto en el artículo 91.Uno.1.7º de la LIVA por considerarse que un edificio o parte del mismo pueda calificarse como apto para su utilización como vivienda es imprescindible que en el momento de la entrega o puesta a disposición del adquirente la vivienda cuente con la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación o la correspondiente autorización administrativa, o, por el contrario para que sea procedente la estimación de esa solicitud de devolución de ingresos indebidos basta con que el edificio o parte del mismo ya estuviera completamente terminado en el momento de la entrega o puesta a disposición del adquirente de la vivienda, que fuera apto desde un punto de vista objetivo para su utilización como vivienda, que no se hubiera modificado y que se hubiera solicitado la cédula de habitabilidad que es obtenida en un momento posterior al de la entrega debiéndose únicamente el retraso en la obtención de la licencia a motivos administrativos.
Resumen: La entidad contribuyente del caso adujo que había formado parte de un grupo de sociedades que entraron en concurso,que había soportado la repercusión de cuotas de IVA de las que no ejercitó el derecho a deducción por haber recibido las facturas con posterioridad y que, con motivo de la declaración de concurso, ejercitaba ese derecho en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado, solicitando a la Administración Tributaria ejercitar el derecho a deducción respecto a cuotas de IVA soportado, que habían sido repercutidas. Desestimada esa solicitud, la sentencia señala al respecto que, como quiera que la devolución del IVA únicamente procede en el mes de diciembre, sería en ese mes cuando repercutiría la rectificación efectuada para el mes de abril, y ello en tanto que, en caso de estimarse, daría lugar a un incremento de cuotas a compensar, por lo que aumentarían las cuotas a devolver correspondientes al mes de diciembre.En tal caso se trataría de supuesto de devolución de ingresos indebidos y la norma exige que las cuotas hayan sido ingresadas en la Hacienda Pública.El derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebidos la persona o entidad que haya soportado la repercusión requería que las cuotas indebidamente repercutidas hubieran sido ingresadas; y al no haberse cumplido ese requisito,no cabía apreciar ni vulneración del principio de neutralidad del tributo ni contravención de norma alguna.
Resumen: La comunicación de inicio del procedimiento inspector a efectos de dar por finalizado otro procedimiento de aplicación de los tributos, en este caso, el de devolución derivada de la normativa reguladora de cada tributo, deberá contener las indicaciones que se recogen en los artículos 87.3, 97 y 153 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, entre otras, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica. Ahora bien, la falta de cita expresa del artículo 127 LGT y 153 RGAT en el acuerdo de inicio del procedimiento inspector no implica la falta de validez de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, -en este caso de devolución derivada de la normativa reguladora de cada tributo-, toda vez que su finalización deriva de la propia ley.
Resumen: Reiteración de la doctrina contenida en la sentencia de 28 de febrero de 2023 (casación 5335/2021): las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.
